El Pleno del Parlament aprueba la modificación de la Ley de Puertos de las Illes Balears

08/07/2014, 14:43

El consejero de Turismo y Deportes señala que con esta reforma se “mejora la competitividad, puesto que se eliminan las trabas burocráticas y se facilita la inversión.

El Pleno del Parlament ha aprobado este martes la modificación de la Ley de Puertos de las Illes Balears, una normativa “consensuada con el sector” y cuyo objetivo es “dar respuesta a las demandas históricas que planteaba”, según ha asegurado el consejero de Turismo y Deportes, Jaime Martínez.

Durante su intervención en la sesión, Martínez ha señalado que esta reforma es fruto “del trabajo conjunto llevado a cabo con el sector privado durante el último año y medio” y con ella se conseguirá “mejorar la competitividad, puesto que se eliminan las trabas burocráticas y se facilita la inversión”.

Con esta modificación se da solución a reivindicaciones históricas del sector que “hasta ahora no habían recibido ninguna respuesta por parte de la Administración”. En este sentido, Martínez ha recordado “el poco interés que suscitaba todo lo referente a los puertos autonómicos”, pues no tuvieron una ley específica que los regulara hasta la Ley 10/2005, de 21 de junio, de Puertos de las Illes Balears. Ley, ésta, que se desplegó por el Decreto 11/2011, de 18 de febrero, por el cual se aprobó el reglamento de desarrollo y ejecución de determinados aspectos de la ley de 2005.

Dando respuesta a las diversas demandas del sector para mejorar esta primera ley e incluir las cuestiones que se modificaban en el Estatuto de Autonomía en 2007, “se hizo aconsejable abordar una reforma de esta ley para introducir medidas que contribuyeran a una mayor seguridad jurídica, tanto para usuarios como para empresas y para ayudar a incentivar la inversión en los puertos de gestión indirecta”, ha señalado Martínez.

La modificación aprobada hoy en el Parlament consiste en los siguientes puntos:

- Se adapta la Ley 10/2005 a la nueva redacción del Estatuto de Autonomía, por el que se atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de puertos no cualificados de interés general para el Estado y de puertos de refugio y deportivos. Es decir, mediante esta reforma se cumple el nuevo artículo 23 del Estatuto, que señala que las administraciones públicas deben ser las encargadas de impulsar un modelo de desarrollo equitativo, equilibrado y sostenible, además de promover políticas de equilibrio territorial entre las zonas costeras y las de interior.

-Se crean dos nuevos instrumentos de ordenación portuaria: El Plan General de Puertos y el Plan de Usos y Gestión de cada una de las instalaciones portuarias. En este sentido, se entiende que el sistema llevado a cabo hasta ahora de pretender tener un plan director para cada una de las 42 instalaciones portuarias que componen la red de puertos autonómicos ha resultado fallido e infructuoso.

Con la introducción de la figura del Plan General de Puertos se obtendrá una planificación territorial estratégica portuaria que cubra la falta de planificación global. En cualquier caso, tanto los Consells insulares como los ayuntamientos tendrán el mismo papel que tenían hasta ahora en la toma de decisiones relativas a los puertos ubicados en su territorio.

-Se modifican los órganos de gobierno del ente público Ports IB. La vicepresidencia ejecutiva de Ports IB es asumida por el director general competente en materia portuaria. De esta forma se evitan duplicidades y se ahorra un alto cargo. Además, también desaparecen los delegados territoriales de Menorca e Ibiza y será el gerente de Ports IB quien asuma sus funciones.

-Se adapta el texto a la Ley 7 /2010, de 21 de julio; a la Ley 3/2007, de 27 de marzo; y a la Ley 7/2007. Todas ellas referidas al tema de personal y sector público instrumental.

- Se modifica el proceso de tramitación para las concesiones de nuevos puertos y ampliaciones sustanciales, eliminando el requisito de presentar el proyecto de ejecución previo al concurso. “Era un absurdo que todos los licitadores tuvieran quepresentar tanto el proyecto básico como el de ejecución. Además, era una carga añadida para los que no resultaban adjudicatarios que no tenía ningún sentido”, ha dicho Martínez al respecto.

- Se amplía la figura del derecho de tanteo a las ampliaciones sustanciales de puertos ya existentes, como ya pasa para prolongar el tiempo de la explotación.

En este sentido, también se establece que las condiciones y criterios para ejercer el derecho de tanteo para concesionarios, en se caso de prolongación de lasconcesiones, deben ser previstos en los pliegos de condiciones.

-Se armoniza el plazo máximo para las concesiones sobre dominio público con la normativa estatal costas. Todas las concesiones portuarias tendrán como límite máximo 35 años.

-Se incluye un procedimiento administrativo para la declaración de embarcaciones, vehículos y objetos abandonados en los puertos. Se soluciona así la situación de muchas embarcaciones abandonadas en zona portuaria concesionada. Esta medida supondrá el final de la morosidad y de las embarcaciones abandonadas en los puertos de las Illes Balears.

- Se amplía el período de autorizaciones temporales de tres a cuatro años en terrazas, pantalanes, etc. Esto permitirá que se hagan más inversiones, ya que los autorizados tendrán más tiempo para poder amortizarlas.

-Se amplía uno de los principios para las autorizaciones de uso de amarres de embarcaciones de recreo, con la implantación efectiva de medidas de calidad ambiental.

Cabe destacar que Baleares dispone de 42 instalaciones portuarias autonómicas, además de los cinco puertos estatales de interés general, sumando entre todos 22.000 amarres. El sector náutico genera más del 3% del Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.